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LLUEVEN AMPAROS POR LEY ANTILAVADO

Detalles

LLUEVEN AMPAROS POR LEY ANTILAVADO

Grandes cadenas comerciales, notarios, corredores públicos y agencias automotrices iniciaron una ofensiva jurídica contra la Ley Antilavado.

 

A principios de septiembre comenzó la presentación de amparos contra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vigente desde el 17 de julio.

 Registros judiciales consultados por REFORMA indican que se han promovido al menos 65 amparos en el DF, Guadalajara y Monterrey por parte de las más grandes cadenas comerciales, como El Palacio de Hierro, Liverpool, Sears y Sanborns.

Los quejosos cuestionan la constitucionalidad de artículos de esa legislación, enfocada a prevenir el lavado de dinero. La batalla se centra en aquellos artículos que describen las “actividades vulnerables” y obligan  a empresas y profesionistas a generar infinidad de avisos e informes para las autoridades.

En general, las cadenas comerciales, las agencias automotrices, los notarios y los corredores públicos  cuestionan siete artículos de la ley, que, según los amparos, violan derechos constitucionales de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, libre competencia económica y equidad tributaria, entre otros.

El tema ha provocado confusión en el Poder Judicial. Algunos jueces en materia administrativa ya admitieron las demandas a trámite, pero otros se declararon incompetentes y las enviaron a sus colegas en materia penal. Gerardo Nieto, especialista fiscal del despacho Basham, Ringe y Correa, consideró que esta  ronda inicial de amparos podría no tener éxito, pues, a su juicio, la ley no causa perjuicio por su sola  entrada en vigor.

En su opinión, para impugnarla es necesario esperar a la aplicación de actos concretos, en este caso la presentación de los avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda. El artículo 17 de la ley es uno de los más cuestionados en los amparos, ya que afecta a las cadenas de almacenes al designar  como “actividades vulnerables” la emisión de tarjetas de crédito, servicios y prepago, otorgamiento de préstamos, servicios inmobiliarios, venta de joyas y obras de arte y operaciones aduanales. En cada uno de estos casos, las empresas tienen que dar aviso a la UIF por cada operación que exceda de cierto monto, además de pedir identificación a los clientes y usuarios y recabar copia de dicha identificación, entre  otras obligaciones derivadas de la nueva legislación.

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